Enrique Laviada Cirerol –

Dudo mucho que alguien con un mínimo de inteligencia y dignidad cívica, lo digo en serio, se sienta orgulloso de un régimen que obliga a un ciudadano común a ofrecer disculpas o pedir perdón públicamente a un diputado, un senador o un gobernante, por haberle increpado o incluso si nos vamos lejos, por haberle insultado.

Según recuerdo vivíamos en un país en el que burlarse de los gobernantes o de los poderosos era parte de la cultura nacional, en otras palabras, creo que hasta hace poco éramos dueños de nuestro sentido del humor, aunque fuese, quizá, el único patrimonio con el que contábamos.

Pero eso era antes, cuando estábamos peor pero no sabíamos que andábamos bien y probábamos hasta qué punto resistían las ramas del árbol de las libertades, especialmente en lo que se refiere al derecho de encabronarse por lo que sea, y sobre todo tratándose de los personajes que forman parte del elenco político, entre otras cosas porque viven de nuestros impuestos.

Ya no.

Me supongo que ahora deberemos iniciar una nueva batalla, Dios nos encuentre confesados, por reivindicar el sagrado derecho del mexicano de estar a disgusto, algo que por más esfuerzos que hago no me imaginaba que llegaría a pasar y no sé a honras de qué ni cómo les vino en gana conculcar.

No lo sé.

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Imagine usted, estimado lector, un México sin derecho al repudio, sin la más elemental libertad de quejarse, un país desprovisto hasta de mal genio, ajeno a la creatividad y el talento para la sátira o la inclinación constante a mentar madres.

No lo veo.

Pero por lo visto, los dueños de la llamada cuarta transformación (cualquier cosa que eso signifique) si lo ven y se encuentran decididos a desplegar toda la iniciativa de la que son capaces (esto es ironía) para imponer su sacrosanta voluntad y taparle la boca a cualquier cristiano que se atreva a cometer la osadía de faltarles al respeto.

Esto quiere decir que tendríamos que vivir en un país donde los ciudadanos deben cuidarse, entre otros peligros mortales, de no molestar a la alta burocracia, esa que se sacrifica tanto desde Lisboa, Madrid, Tokio con humildad y medianía, pues, desde donde quiera que se encuentre.

El caso es que, al parecer, de lo que se trata es de acabar con la poca democracia con la que contábamos, fabricar leyes a la carrera para resolver que aquí nadie rezonga, ni se burla, ni reclama ni protesta o repudia y hemos de quedarnos callados y aguantarnos y de ser posible hasta la ignominia.

Lo sé.

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La bendita censura del régimen morenista incluye, desde luego, a los periodistas y a los comunicadores incómodos y, de paso, a los inquietos habitantes de las redes sociales que dan tanta lata, un día sí y otro también.

De ahí que algunos personajes como Layda Sansores, la distinguida gobernadora de Campeche; Alejandro Armenta, el furtivo gobernador de Puebla; Abelina López, la delicada alcaldesa de Acapulco; Tania Contreras, la impoluta presidenta del Tribunal en Tamaulipas; Gerardo Fernández Noroña, el ínclito presidente del Senado; o nuestro nunca bien ponderado David Monreal se sientan con el arrojo suficiente para intimidar, zarandear o de plano perseguir a ciudadanos comunes o periodistas y medios de comunicación.

Cuando algo así sucede, no tenga usted duda, estamos ante un síntoma inequívoco del endurecimiento del poder y los farsantes totalitarios son capaces de aplastar a quien sea y por lo que sea, con el consabido y sobado pretexto de que su salvajismo dimana del pueblo (cualquier cosa que eso signifique). 

Sin embargo, me temo que están equivocados en redondo, y nuestro derecho a expresarnos, a reclamar, a criticar su doble moral y a denunciar su corrupción y su ineptitud y sus mentiras y a decirles sus verdades, habrá de subsistir y es imparable.

Aunque tengamos que estropear sus vacaciones, gracias al Sexto constitucional y hasta que el Séptimo nos proteja.

Lo sé de cierto.

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Acertijo 

Todos son intrusos compañeros de un corto viaje.