Enrique Laviada Cirerol –

La parte más engorrosa del discurso oficial se refiere al cambio de modelo económico, para tomar distancia de sus predecesores, a los que acusa de neoliberales y culpables de todos los males habidos y por haber.

Pero veamos.

Habría que empezar diciendo que el modelo capitalista predominante en la mayor parte del mundo, que se funda en el libre mercado y el respeto a la propiedad privada, permanece intacto en nuestro país, no hay ninguna medida del gobierno actual que contravenga esa lógica estructural de la producción y el intercambio de mercancías, esto es, vale dejar perfectamente en claro que solo se trata de formas distintas de administrar el capitalismo, por decirlo de alguna manera, por más piruetas ideológicas que se quieran hacer hacia la izquierda.

Lo que sí existe, en cambio, son una serie de medidas estatistas y populistas, cuya finalidad consiste más en perpetuar un modelo de dominación política, que en implantar uno económico de distinta naturaleza.

Veamos.

La intervención del Estado en la economía no representa ninguna novedad, al contrario, se trata de un modelo anticuado que considera al intervencionismo como una fórmula de equilibrio entre los factores de la producción, y que entre mediados y finales del siglo pasado fue predominante en nuestro país. Como se recordará, en ese entonces el Estado mexicano era propietario de una porción importante de la industria nacional, desde la fabricación de bicicletas o papel periódico, pasando por los ingenios azucareros o los ferrocarriles, hasta la petroquímica básica o la electricidad y la operación de las telecomunicaciones.

Fue durante el sexenio de Luis Echeverría cuando se vivió el periodo de mayor auge de esta política estatista, que paulatinamente se fue agotando en sus posibilidades, ante la globalización en curso que reclamaba nuevas reglas y condiciones de eslabonamiento general entre las economías nacionales y locales de todo el planeta.

El retorno de esas estrategias, ahora rediseñadas, busca infructuosamente incidir en la producción de gasolinas, por ejemplo, con la construcción y puesta en funcionamiento de la refinería de Dos Bocas, que ha reportado perdidas en este año por más de 575 mil millones de pesos, cuando el volumen de combustibles producidos de acuerdo con las cifras de Pemex apenas representan el 15% del total elaborado por el Sistema Nacional de Refinación, confirmando no solo que el Estado es un pésimo empresario, sino haciendo insoportable la carga fiscal y el crecimiento de la deuda, todo a costa de los contribuyentes.

Esa misma regla se puede aplicar a otros proyectos neo-estatistas (les podríamos denominar), como el Tren Maya, en el sector terciario de la economía, que reporta pérdidas por más de 5 mil 800 millones de pesos desde su inauguración, sin contar los estragos ambientales y sociales del proyecto.

Si a esa política económica de corte arcaicole agregamos el capricho totalitario, al estilo de López Obrador, al cancelar una obra tan importante como el nuevo aeropuerto de Texcoco, para sustituirlo con un proyecto de ínfimas proporciones comparativas, el desbarajuste económico del régimen resulta uno de los más costosos de toda la historia.

Con un crecimiento de apenas 0.8% anual, las finanzas públicas acusan un déficit fiscal de más de 6 mil 300 millones de pesos, una deuda de 7.6 billones más a la acumulada, una caída de 21.5 % en la inversión extranjera.

Esa política económica ha producido una constante desaceleración en la creación de empresas y la generación de empleos, acumulando una baja de más de 25 mil entidades patronales según cifras del IMSS, y una disminución de cerca de 457 mil empleos en el mismo periodo de enero a septiembre de 2025, con un 2.9 % de desempleo con relación a la PEA, que ya han podido ser analizados, lo que en pocas palabras quiere decir que el sector de la micro, pequeña y mediana empresa ha sido el más castigado, contraviniendo el discurso oficial anti oligárquico y de la equidad y el desarrollo desde abajo para las empresas.

En lo que se refiera a la relación de la política económica con la política social, el gobierno actual ha mantenido la estrategia de repartir dinero con criterios universales, por tanto, inciertos en su impacto para el desarrollo, mientras le resta o le recorta recursos públicos a la salud y la educación, haciendo retroceder al país en la parte de la riqueza social que corresponde al desarrollo humano de las comunidades y regiones. Según cifras oficiales se reporta una caída de -8% en educación básica, y se calcula que en general haya más de un 1 millón y medio de escolares fuera de las aulas.

En esas mismas condiciones deficitarias se encuentran los servicios de salud en donde el desabasto de medicamentos e insumos ha cobrado proporciones nunca vistas. Se reporta un 54% de las instalaciones del IMSS del primer nivel y un 69% del segundo nivel en malas condiciones, un 60% de consultas externas menos, y un 63% menos en esquemas básicos de vacunación. Se habla de una disminución generalizada en el gasto del IMSS en la atención del cáncer que cayó un 29.1%, mientras que el presupuesto de la Secretaría de Salud para la atención del cáncer en mujeres se comprimió en 52.7%, lo que a todas vistas significa un verdadero desastre.

En lo que se refiere a la disminución de la pobreza, los datos arrojan que, al cierre de la administración de Peña Nieto, 2.2 millones de personas salieron de la pobreza extrema, mientras que con López Obrador esa cifra se redujo a 1.7 millones de personas, lo cualconfirma que el asistencialismo oficial se hace con criterios clientelares y electoreros, muy lejos de la regeneración que sus propagandistas pregonan a los cuatro vientos.

A todo este panorama, se debe agregar como parte de la política económica del régimen, la reducción drástica y sistemática de la certidumbre legal para las inversiones, principalmente referida a las reformas del Poder Judicial, que han politizado las garantías legales en detrimento de lo que necesitan las empresas para su adecuada operación en cualquier parte del mundo. Según la revista Forbes, más de 28 mil mexicanos obtuvieron residencia en España y más de 9 mil en Portugal, con todo y sus potencialidades de inversión, y se calcula que para 2030, de seguir esta tendencia, cerca del 38% de los mexicanos con más de 30 millones de dólares en capitales, planea emigrar de México, en un éxodo superior al registrado en Venezuela, aunque el régimen haga algunos esfuerzos por presentar un panorama de entendimiento y colaboración con los empresarios nacionales, se asegura que el costo fiscal de esa migración podría llegar a ser de entre 45 a 60 mil millones de pesos anuales.

Mientras tanto, sectores tan importantes como el de la industria de la construcción sufren la intervención directa de los militares en las grandes obras de infraestructura, convirtiéndose en un dique o una competencia absolutamente desleal, cobijados por las inflexiones ideológicas de la economía, o lo que sucede en el caso de la construcción de vivienda, donde instituciones como el Infonavit se convertirían en una especie de monopolio de Estado, sin limitaciones para disponer de fondos públicos.

Esta deformación de los procesos productivos a dado como consecuencia la obesidad mórbida del Estado, a la sazón de la asignación completamente discrecional de contratos y negocios, por cierto, en provecho de capas burocráticas que, ahora, además, se encuentran impúdicamente coludidas con los circuitos del lavado de dinero y bajo la influencia de las organizaciones criminales.

Así es como va la (no) tan nueva política económica; o sea: nada que celebrar.

Acertijo

La mayor impertinencia de los gobernantes consiste en la pretensión de sustituir a los particulares.