Enrique Laviada Cirerol –

Se ha puesto en boga el tema del nepotismo en la política nacional y local en razón (suficiente diría yo) de los excesos visibles (no es ironía) cometidos con bastante alevosía y ventaja por los grupos familiares (clanes) que se han enquistado en los distintos espacios del aparato de Estado.

Al respecto, lo primero que debería quedar en claro es que no se trata de negar la participación en política o en la administración de los asuntos públicos, a personas que podrían tener la capacidad y los méritos suficientes para ocupar un puesto o cargo públicos, por tener relaciones de parentesco entre unos y otros.

Eso sería absurdo.

Existen ejemplos admirables de familias completas que se han entregado a la lucha por causas e ideales, comprometidos con sectores sociales diversos y representando intereses o aspiraciones legítimas, en defensa de los derechos colectivos y las libertades individuales.

Sería absurdo.

Diría entonces que, ciudadanía y familia no son en modo alguno antípodas, ni tiene porqué serlo.

Sería absurdo.

En México hay familias políticas como también existen familias de empresarios, artistas, médicos, músicos, arquitectos o cirqueros, negar el derecho de sus integrantes a serlo, como si se tratara de una descalificación o condena, sería tanto como tratar de negar nuestras propias raíces.

Sería absurdo.

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Sin embargo, en el caso concreto de nuestro país, la familia ha tenido también una influencia negativa, pues ha sido el origen del nepotismo y el patrimonialismo, es decir, la otra cara de la moneda, ahí donde los lazos familiares se convierten en una trama de complicidades, un modo establecido del abuso y una fuente inagotable de corrupción.

Es otra cosa.

El problema estriba, entonces, en el reparto del poder y de los recursos públicos entre los familiares, lo que produce desequilibrios e inequidades y deforma la política en un sentido excluyente y es, en suma, antidemocrático.

Es otra cosa.

La democracia llegó muy tarde en nuestro país y ha sido desfigurada y traicionada una y otra vez. Ha sido frágil, indecisa, endeble ante el caudillismo, apenas aparece de nuevo, para corromperla mediante por el favoritismo y el nepotismo.

Es otra cosa.

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Y luego bien el mal mayor, se trata del patrimonialismo, esto es, la idea nociva de quienes comparten un linaje común en el sentido de que los bienes públicos o las estructuras del poder público pueden pasar a ser propiedad de un clan.

Es lo peor.

Ese es el punto en donde el gobernante o el político no distingue entre el patrimonio personal o familiar y los bienes o los asuntos que son del orden público.

Es lo peor.

El patrimonialismo como forma peculiar de la corrupción es la escala más alta de la apropiación de los recursos públicos para convertirlo, así lo he descrito en otras partes, como una acumulación originaria de capital desde los cargos o los puestos públicos, dando origen a una parvada de nuevos ricos (agrupados en familias y clanes), que se comportan, así, como pájaros posesionados de las distintas ramas del poder, lo que constituye quizá la más grave deformación del Estado.

Es lo peor.

Y cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, resulta que la realidad nos sorprende con nuevas figuras de “asociación” entre esas familias, que hacen bandada delincuencial y se forman en el vuelo de la complicidad.

Es lo peor.

Acertijo.

Agregue usted los apellidos.